Modificación de la Ley Concursal


 
Con el Real Decreto-ley 4/2014, publicado en el BOE el 8 de marzo, se ha aprobado una modificación de la Ley Concursal en la que se incluyen una serie de medidas de urgencia de refinanciación y reestructuración de la deuda empresarial para evitar que compañías rentables, pero con falta de liquidez, tengan que acudir al concurso de acreedores.
El objetivo que persigue el Gobierno es que la legislación concursal no suponga trabas en los procesos de refinanciación de aquellas empresas que, si bien están endeudadas, son viables, evitando así la destrucción de empleo y productividad. Por ello, el Ejecutivo modifica la ley para incluir medidas que faciliten la celebración de acuerdos de refinanciación, potencien las quitas y los aplazamientos de pago y la conversión de deuda en capital.
 El decreto insiste en la fase preconcursal para facilitar el acuerdo entre deudores y acreedores y evitar así la liquidación de empresas. Además, se ha eliminado la obligación de un experto independiente, puesto que suponía en ocasiones un “coste y dilación” adicional al proceso.
En el caso de acuerdos colectivos de refinanciación homologados judicialmente, la mayoría exigida del acuerdo pasa del 55% al 51% (mayoría simple). En los préstamos sindicados, se entiende que los acreedores prestamistas suscriben el acuerdo de refinanciación cuando voten a favor el 75% del pasivo representado por el préstamo, salvo que las normas que regulan la sindicación establezcan una mayoría inferior.
Si el 60% de los acreedores de pasivos financieros han acordado aplazamientos de hasta 5 años y la conversión de créditos en préstamos participativos por el mismo plazo, estas medidas se extenderán a los acreedores disidentes sin garantía real. Si el acuerdo ha sido suscrito por el 75% de los acreedores de pasivos financieros, se extenderán a los acreedores disidentes las esperas entre 5 y 10 años.
Asimismo, los administradores o liquidadores, de hecho o de derecho, apoderados generales, y quienes hubieran tenido cualquiera de esta condiciones dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso, así como los socios que se hubieran negado sin causa razonable a la capitalización de créditos y que se entiendan afectados por dicha calificación; podrán ser condenados a la cobertura total o parcial del déficit, es decir, a abonar aquella parte residual que no haya sido cubierta por la liquidación. Para ello, es necesario que su conducta haya generado o agravado la insolvencia.
La norma además, modifica el Real Decreto de régimen de Ofertas Públicas de Adquisición (OPA). Así pues,se exceptúa la OPA y la necesidad de solicitar dispensa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en procesos de capitalización derivados de las nuevas normas. Esto es, si un acreedor sobrepasa el 30% del capital tras convertir deuda en acciones no tendrá la obligación de comprar la empresa. Ahora bien, si este mismo acreedor adquiere luego paquetes adicionales si tendría que lanzar una OPA.
 

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